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Se promueve la adopción de indicadores de progreso en materia de derechos económicos,
sociales y culturales de acuerdo con los tratados internacionales de los que la Argentina es
parte activa y comprometida. Se otorgan las garantías necesarias de continuidad de las
políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y de profundización de derechos para los sectores
vulnerables de la población.
Justicia 2020 genera políticas de prevención contra la violencia institucional y establece
estándares para las fuerzas de seguridad en esta materia. Fomenta la creación de
mecanismos para la contención en situaciones de catástrofe y emergencias, y establece
mecanismos de acción rápida al detectar situaciones que afecten los Derechos Humanos.
Se propone un cambio de enfoque respecto a los pueblos originarios y la construcción de
una política de Estado activa y presente que los incorpore a la comunidad como verdaderos
sujetos de derecho. La relación con ellos no debe basarse en el asistencialismo, sino que se
debe tener en cuenta el respeto a sus costumbres y a la propiedad comunitaria de la tierra,
que son derechos especialmente recogidos por la Constitución y otras normas nacionales e
internacionales.
Trabajar de manera intensiva en el aspecto social da cuenta de otro factor importante: la
justicia no sólo existe en los juzgados y las sentencias, sino que debe ser promotora de una
mejora permanente para la calidad de vida de la gente.
JUSTICIA MODERNA
La demanda al sistema de justicia ha crecido progresivamente en nuestro país, pero las
estructuras de los órganos judiciales se han mantenido inalteradas. Desde hace 200 años,
los juzgados construyen expedientes escritos y difíciles de comprender, olvidándose que
detrás existe un conflicto entre personas que reclama una rápida solución. Es necesario
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